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El Código Penal tipifica nuevos delitos políticos

elcomercio.com 3.sept.14.- El Código Orgánico Integral Penal (COIP) los llama delitos contra la estructura del Estado Constitucional. En 29 artículos, tipifica las acciones que puedan atentar “contra la seguridad pública”, con penas que ascienden hasta 13 años de cárcel para los más graves. La nueva normativa contrasta con la anterior, que tipificaba 13 conductas como sabotaje y terrorismo (tiene un aparte en el COIP). La diferencia entre ambos códigos es clara, pues la nueva Ley penal incluye como delitos una serie de conductas que no estaban incluidas en la anterior, como la rebelión, la usurpación y retención ilegal de mando, la destrucción de registros o la incitación a discordia entre ciudadanos. La tipificación de estos nuevos delitos es clave. El capítulo de sabotaje y el terrorismo ha sido utilizado ampliamente por el Régimen para iniciar procesos en casos que han generado polémica, como la rebelión policial del 30 de septiembre del 2010, así como en contra de defensores de los derechos humanos y de la naturaleza. Según la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), más de 200 dirigentes han sido judicializados por ejercer su derecho a protestar. Carlos Pérez Guartambel, presidente de la Ecuarunari, anuncia que presentará una demanda de inconstitucionalidad contra el COIP por estas normas, que considera vulneran principios contemplados en la Carta Magna, como el derecho a la resistencia. “Esto obedece a un proceso sistemático y progresivo de punitividad en el Ecuador, con la aprobación del COIP, del Decreto 16, de la concentración de la Justicia en manos del Ejecutivo. En el fondo, el endurecimiento y la acumulación de penas son el pan de cada día”, asegura el dirigente indígena. Pérez Guartambel fue sentenciado en 2013 por interrupción de servicios públicos, por haber participado en una protesta en contra de la Ley de Aguas. Originalmente fue acusado de sabotaje y terrorismo.

Otros casos emblemáticos fueron recogidos por el jurista peruano Luis Pásara en un informe publicado a inicios de mes y que ha despertado las críticas de las autoridades. El documento, titulado “Independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana’, señala que las normas vigentes hasta comienzos de 2014 en Ecuador en torno a sabotaje y terrorismo padecían de “vaguedad e indeterminación suficientes como para hacer de ellas un uso arbitrario en la persecución penal”, sobre todo en lo que se refiere a la judicialización de la protesta social. Pero el análisis no se queda allí. Asegura que si bien la tipificación determinada en el COIP ha modificado en alguna medida el régimen normativo utilizado para reprimir la protesta social, aún puede ser utilizada mal por jueces temerosos. El análisis muestra especial preocupación por el artículo 345, que habla del sabotaje, y por el 346, que tipifica la paralización de un servicio público. De su lado, en el oficialismo ven las críticas al COIP como apresuradas y sin fundamento. Gina Godoy, vicepresidenta de la Comisión de Justicia de la Asamblea, que elaboró este nuevo Código, señala que los cuestionamientos serían válidos si ya hubiera al menos un caso en el que se haya utilizado la norma para criminalizar la protesta social. La legisladora señala que el mismo COIP otorga garantías al respeto del derecho constitucional a la resistencia, pues penaliza la restricción de la libertad de expresión, en el artículo 183, con pena de hasta dos años de cárcel para quien, por medios violentos, coarte ese derecho constitucional. “La libertad de expresión no se ejerce solo por los medios de comunicación, sino que yo pueda expresar libremente que estoy inconforme con determinada gestión frente a una dependencia”, sostiene. Pero para Godoy tampoco se puede malutilizar ese derecho al cerrar vías o dañar bienes ajenos bajo el principio de la libertad de expresión. Pérez Guartambel recuerda que el proceso penal en contra de ellos no pudo seguir adelante porque no había un tipo que se ajustara a la conducta. Ahora, con el COIP, por esa acción una persona podría recibir hasta cinco años de prisión. El dirigente se refiere a los delitos contra los derechos de participación incluidos en la Ley Penal. La obstaculización del proceso electoral, el falso sufragio, el fraude electoral, la sustracción de papeletas son también nuevos tipos de delitos penales en el COIP.

$800 mil de CFN recibe Esposo de Betty Carrillo

hoy.com.ec 9.agosto.14.- En la Corporación Financiera Nacional (CFN) negaron a HOY información sobre el préstamo, bajo el argumento de que la directora de Comunicación estaba de vacaciones y no había quien atienda. A la construcción de un edificio de seis plantas, incluída una subterránea, en el barrio Ficoa, uno de los más elegantes, comerciales y de alta plusvalía de Ambato, habría destinado Wilmer Medina Ocaña, esposo de Betty Carrillo Gallegos, asambleísta por el movimiento oficialista Alianza País (AP), un crédito por $ 800 mil concedido por la Corporación Financiera Nacional(CFN).

Medina, quien se dedica a negocios de turismo y de bienes inmuebles es abogado y procede de una familia dedicada a la actividad comercial y empresarial en Ambato.

Sus parientes maternos son propietarios de una fábrica de fósforos en la parroquia Totoras, ubicada a unos 20 minutos al suroriente de Ambato. El esposo de Carrillo también essegundo accionista de la Hostería Monte Selva, ubicada en Baños, el cantón más turístico de la provincia de Tungurahua.

El complejo, que funciona hace unos 20 años, tiene como principal accionista, a la hermana de Wilmer Medina y es uno de los más visitados, por su infraestructura, servicios y por estar ubicado en el corazón de Baños. La hostería, que hace unos cinco años abrió una sucursal en el Puyo, tiene piscinas, hidromasaje, sauna, turco, paseos a caballo, senderismo ecológico,'paint ball', servicio de masajes y bar-restaurante.

Además, el abogado Wilmer Medina es registrador de la propiedad en Baños, desde hace aproximadamente una década. Según contaron sus amistades también trabaja en bienes raíces. "Tal vez, el dinero prestado por la CFN fue invertido en la construcción de un edificio", comentó uno se sus amigos, a condición de no ser identificado. El edificio de Ficoa está en construcción y aunque no es oficial, los moradores indican que sería usado como centro comercial y administrativo. Además, Betty Carrillo, quien habría obtenido un título en Mediación y Arbitraje en Suiza, es la principal directiva de un Centro de Mediación y Arbitraje, que inicialmente fue una fundación que trabajaba en favor de la niñez y la adolecencia.

HOY también pudo conocer que Luis Auz Gallegos, primo materno de Betty Carrillo, es el actual director del INFA en Tungurahua.

Entre tanto, en la Asamblea Nacional, miembros del oficialismo cuestionaron el crédito de la CFN.

Pamela Falconí, coordinadora de AP indicó que "el supuesto tráfico de influencias que involucra a su coidearia Betty Carrillo debe ser analizado al interior del bloque pues se trata de una suma muy alta".

Además se comprometió a revisar los antecedentes que tomó en cuenta la CFN para concederle el préstamo. "Dentro del movimiento debemos ser respetuosos y no tener ningún conflicto de intereses o tráfico de influencias, sea de tipo profesional o comercial", acotó.

El también oficialista Mauro Andino señaló que cualquier ciudadano puede obtener un crédito sin que ello le reste credibilidad pero, en el caso de Carrillo el asambleísta dijo que "todo dependerá de la transparencia y la coherencia de lo que se dice y se hace. Un crédito no puede interferir en su gestión, pero eso dependerá de la actitud que tenga la asambleísta Carrillo", acotó. (VCH-GM).

Nuevos delitos en Código Penal

eluniverso.com 3.agosto.14.- Su aplicación podría implicar la cárcel para una ama de casa que no tenga afiliada al IESS a la empleada doméstica, al igual que marcaría el cautiverio o la libertad de los acusados de robos o asesinatos. En sus 730 artículos, 14 disposiciones reformatorias, 26 derogatorias y 23 generales se conciben todos los actos que en el país se consideran como delitos o contravenciones, según sea la gravedad de los casos.

Es el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que la Asamblea aprobó el 28 de enero pasado con el mismo nombre planteado por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que envió este proyecto de ley el 13 de octubre del 2011. El bloque de mayoría oficialista se allanó a 68 de las 73 objeciones parciales del veto presidencial y acogió conceptos de la versión original como el de incorporar en un solo cuerpo jurídico las normas y procedimientos penales dispersas en tres códigos (el Código Penal, el de Procedimiento Penal y el de Ejecución de Penas), los que serán derogados, al igual que artículos de 22 leyes y codificaciones. Así, el COIP entrará en vigencia desde el 10 de agosto próximo, 180 días después de que se publicara en el Registro Oficial.

Si bien el proyecto original planteaba un tope máximo de 35 años en la acumulación de penas (al final quedó en 40 años) y prisión de 19 a 28 años por asesinato (que contempla penas de 22 a 26 años), el COIP aprobado por la Asamblea responde a lo planteado por el Ejecutivo, según analistas y penalistas consultados por este Diario.

Incluye, por ejemplo, lo que en la versión original del Gobierno se concibió como nuevos delitos: el denominado pánico económico (art. 307), el ejercicio ilegal de una profesión (art. 330), la trata de personas (art. 91), el enriquecimiento privado no justificado (art. 297) y la no afiliación al IESS (art. 244). Estos dos últimos se derivan de lo aprobado en la consulta popular del 7 de mayo del 2011.

Asambleístas oficialistas afirman que el COIP tipifica más de 70 nuevos delitos y contravenciones como la del sicariato (asesinato bajo encargo) en el art. 143 o la contravención de llamar a los servicios de emergencia para reportar un hecho falso con pena de quince a treinta días de cárcel, según el art. 396.

Analistas y penalistas coinciden que el COIP se caracteriza por ampliar el poder punitivo del Estado (sanciones más drásticas para la mayor parte de los delitos a excepción de los casos de drogas) y en la falta de precisión de ciertas normas, lo que podría dar pie a interpretaciones subjetivas de los jueces.

Santiago Basabe, analista de temas judiciales y catedrático de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, afirma que figuras como la responsabilidad penal de las personas jurídicas (art. 49) están tipificadas con poca claridad: “En un escenario de reducida autonomía judicial como el que vive el país, este tipo de figura delictiva puede ser utilizada con fines esencialmente políticos”, advierte.

A ello se suman los cuestionamientos por la falta de independencia de la Función Judicial que incluye a jueces, fiscales y defensores públicos, quienes deberán aplicar el COIP.

Un informe de la Fundación para el Debido Proceso (DPLF por sus siglas en inglés), presentado el miércoles pasado y titulado ‘La independencia judicial en la reforma de la justicia ecuatoriana’, considera que los procesos disciplinarios que el Consejo de la Judicatura (CJ) implementa son “una herramienta para sancionar a jueces que no adecúan sus decisiones al poder ejecutivo”. Y detalla que el COIP “no resuelve satisfactoriamente estos cuestionamientos”.

La investigación llega a esa conclusión, dicen sus autores, tras el análisis de 42 resoluciones del CJ que derivaron en la destitución de 57 jueces. “Desde el 2011, el CJ ha abierto procesos disciplinarios contra jueces después de declaraciones presidenciales que cuestionaban decisiones adoptadas por esos jueces y llamaban a su procesamiento”, dijo esta semana Katya Salazar, directora ejecutiva de DPLF.

Santiago Guarderas, decano de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, considera que la independencia y preparación de los operadores de justicia será crucial al momento de aplicar el COIP: “Los analistas que adviertan de alguna situación en la economía podrían ser enjuiciados por estos delitos de pánico económico y financiero”.

El narcotráfico tiene otro tratamiento. Al penalista Alfonso Zambrano Pasquel le preocupa la pena de dos a seis meses de cárcel establecida en el art. 220 para los casos de tráfico ilícito de drogas considerados de mínima escala. “La pena de dos a seis meses no incluye como medida cautelar la prisión preventiva. La sanción es tan baja que van a poder vender una gran cantidad de droga sin riesgo de ir a la cárcel. El microtráfico podría aumentar”, dice Pasquel.

El COIP también incluye delitos que se derivan de los compromisos que ha asumido el país como miembro de organismos como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La inclusión de normas para enfrentar el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo sustentó la decisión del GAFI de no aplicar sanciones en contra del país en febrero pasado.

Pasquel agrega que delitos como el genocidio (matanza de un grupo humano) y la esclavitud responden a pedidos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Y otros también incluidos como el sicariato y el femicidio (crimen de una mujer por su condición de género) en el art. 141 responden a la presión que ejerció la sociedad civil, según Anunziatta Valdez, vocera del Movimiento de Mujeres.

Basabe considera que más allá de la inclusión de nuevas figuras penales, el trasfondo está en sancionar: “El país tiene una larga experiencia de legislación que jamás se ha aplicado”.

En Ecuador el poder ejecutivo interfiere en la Justicia

Ecuavisa.com 31.julio.14.- El martes en Quito se presentó un informe sobre la Independencia Judicial en Ecuador por video conferencia con representantes de Colombia, Perú y Estados Unidos, del Instituto de Defensa Legal, de la Organización de Justicia y de la Fundación para el debido proceso,  dieron a conocer por medio de  Luis Pasara autor del informe de más de cien páginas, el estudio de campo comento que en el caso ecuatoriano ha comprobado que el gobierno interfiere de diversas maneras sobre la decisión de los jueces en aquellos casos que resultan de interese para las autoridades, que  abarca casos  como: Los diez de Lunlucoto, El Gran Hermano, Los doce del central técnico, los procesos en contra del Diario El Universo y La Hora, Pepe Acacho, Diego Vallejo y los derivados de la revuelta policial del 30 de Septiembre, Mery Zamora, Coronel Cesar Carrión, irrupción en Ecuador tv, juicio por injurias contra Kleber Jiménez, Fernando Villavicencio, y Carlos Figueroa, tambien se analiza a los jueces que fallaron a favor que fueron destituidos y sancionados. El presidente de la consejo de la judicatura Gustavo Jalk rechaza el informe mientras la representante de una de las instituciones Katya Salazar afirma que es un informe técnico y que  recomienda la visita  de una comisión de Juristas Internacionales que puedan dar una evaluación de la situación judicial en el Ecuador dialogando con el gobierno, mientras tanto Jalk afirma que no perderán el tiempo.

 
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