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Si le plantean un juicio a Ruales, comandante de la Policía del Guayas,  entonces que nos planteen uno a todos

Marcha apoyo aJuan Ruales en Gye. www.minoticieromatinal.comPorque todos estamos de acuerdo con lo que él denunció”, expresó Rafael Correa, Presidente de la República, al durante su Enlace Ciudadano 162. Ruales criticó a la función Judicial de Guayas lo que ha provocado un impasse con los jueces. “Apoyo a Juan Rúales por denunciar valientemente a los jueces que incumplen su función”, dijo el Mandatario.  “La oligarquía guayaquileña se ha pasado hablando de seguridad, pero lo que no dicen es que las Cortes de allá son social cristianas (…) Pero ya pronto con la conformación del Consejo de Participación Ciudadana se podrá reestructurar las Cortes”, sostuvo.  El Jefe de Estado mencionó que un delincuente demora más en ser capturado que en lograr la libertad. “Más se demora la policía en atrapar a un ladrón que un juez corrupto en sacarlo”, manifestó al tiempo de indicar que ya se debe acabar la justicia corrupta e ineficiente.  “Cuánto captura la policía y cuántos dejan en libertad los jueces. Acaso esos jueces son de la Revolución Ciudadana, vean quiénes pusieron a esos jueces”,  cuestionó el Presidente Correa y agregó que la inseguridad no es un problema de leyes. “No es problema de leyes, no es un problema de más policías, sino de jueces que no aplican las leyes”. El presidente Correa indicó que mientras se tenga esas falencias en la justicia inevitablemente habrá problemas de seguridad, pese al esfuerzo que realice la policía

 

La asambleísta Silvia Salgado, presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional

ecuadorenvivo.com.- Respalda un juicio político en contra del fiscal General del Estado, Washington Pesántez. Asimismo, criticó la falta de decisión política de algunos asambleístas de PAIS para adherirse al juicio en contra del funcionario. "Cuando aparecen criterios anticipados se desmorona la confianza de estos funcionarios frente a la ciudadanía", acotó. Salgado se mostró partidaria a una destitución de Pesántez con la finalidad de subrogarle funciones aunque aclaró que en la comisión aún no se han presentado pruebas en contra del fiscal.

 

Legisladores de Alianza Pais contra el Fiscal

 
elcomercio.com.- La disputa entre un grupo de asambleístas de Alianza País y el fiscal general del Estado, Washington Pesántez, llegó ayer a su clímax. En el salón de prensa de la Asamblea los legisladores denunciaron una red de corrupción en el Ministerio Público. Una  semana después de que  Pesántez amenazara con desnudar a sus fiscalizadores, los legisladores Marisol Peñafiel,  Paco Velasco, María Paula Romo y Rosana Alvarado difundieron  varias acusaciones en su contra.  Una de ellas,   la denuncia presentada a la Secretaría Anticorrupción de  una presunta extorsión, donde estaría involucrado un familiar del Fiscal. “Sería interesante conocer qué  hizo la Fiscalía en ese caso”, sostuvo Romo.  Según los asambleístas,  un sobrino de Pesántez  y que ahora es un funcionario público en Cotopaxi,  cobraba USD 100  000 para archivar una investigación penal por lavado de dinero.  Otra denuncia  fue  el   contrato para mejorar el edificio de la Fiscalía en Cañar,  en el cual  presuntamente se  favoreció al hermano del ex asesor  de Pesántez. También hablaron de  irregularidades en los concursos para la contratación de nuevos fiscales. Este Diario intentó tener la versión del Fiscal, pero no contestó su teléfono.    Pesántez aún goza de la licencia que pidió  por la   muerte de Natalia Emme, donde está involucrada su esposa Aliz Borja.  Este caso inició la polémica con los asambleístas, pues ellos empezaron a investigar la supuesta influencia que ejerció Pesántez, para favorecer a su cónyuge.    Según Alfredo Alvear, fiscal general encargado, Pesántez regresará a su despacho el jueves. Hasta que eso ocurra, el Ministerio Público defendió a su titular. En un comunicado de prensa, pidieron a los legisladores de Alianza País “mesura, respeto a las leyes y el destierro de odios gratuitos”.  Y anunciaron que responderán a  las denuncias, antes del juicio.   Alvarado  denunció  que sus colegas han sido amenazados, pero no quiso dar nombres. Pero recalcó que el juicio político continuará y que presentarán el pedido a la Comisión de Fiscalización.  Los  asambleístas explicaron que cuentan  con las firmas para presentar la demanda, que  servirá para analizar si   el juicio político tendrá sustento.  Mañana está previsto que la titular de esta Comisión, Silvia Salgado, emita un pronunciamiento sobre este caso

VERA LANZÓ SU PROYECTO DE OPOSICIÓN

Ww1.elcomercio.com.- Carlos Vera planteó seis alternativas para terminar con lo que él llama “la tiranía del presidente Rafael Correa”. Este proyecto político fue difundido durante la tercera protesta que lideró  el ex periodista en la ciudad de Quito.   Los organizadores de la manifestación aseguraron que 3 000 personas acudieron la tarde de ayer al parque La Carolina, para apoyar la iniciativa de oposición. La concentración se ubicó detrás de la Tribuna de los Shyris. Desde las 16:45 empezaron  a llegar personas de diferentes provincias, una de ellas fue   Víctor Zabala, quien viajó desde Portoviejo. Él dijo que la capital de Manabí no tiene rentas y que la corrupción no la frena nadie. “Estamos cansados de tantos atropellos, queremos un cambio”. También había gente que llevaba carteles con leyendas  donde evidenciaba su queja por las pensiones de los jubilados, por la falta de garantía en la Justicia y para quejarse por el Gobierno. A diferencia de las  dos anteriores manifestaciones, Vera interactuó con las personas que agitaban banderas y que, por momentos, gritaban “que se vaya  Correa”. Para avivar a la gente, él decía que no los escuchaba. La  gente respondía con gritos  más fuertes. Un helicóptero de la Policía sobrevoló la zona. “El que sabemos dirá que fueron unas 300 personas y que no hay poder de convocatoria”. “Esperar hasta 2013, esperanzados en que el desgaste del gobierno lo debilite en las elecciones es cruel, porque ello presupone más inseguridad, desempleo y atropellos”, dijo el ex presentador de noticias. Con anticipación, Vera había preparado su discurso, para explicar su proyecto político. Usó un  discurso parecido al que pronunció el jueves de la semana pasada el alcalde Jaime Nebot, en Guayaquil, él repetía   que en “el país no queremos  una réplica de Cuba o Venezuela. “Nadie nos va a callar”, gritaba eufórico. Luego se concentró en una explicación de cómo se pudiera terminar con el régimen de Correa.  La primera salida será exigir rectificaciones al Presidente. Si estas no se dan, “se debe presionar hasta que Correa renuncie y lo suceda el vicepresidente Lenín Moreno”. Un segundo escenario sería  viabilizar la destitución del Mandatario por una de las causales que dice la Constitución y que la  Asamblea debiera tramitar. “No es un intento de  golpe de Estado”, insistió el organizador.    Si eso no ocurre se apostaría por  un tercer  escenario. Este requiere que el Consejo Electoral validez las firmas recogidas y se convoque a un plebiscito, luego del  primer año del segundo  mandato de Presidente (agosto de 2010)Otra salida tiene que ver, en cambio, con la revocatoria del mandato de la Asamblea Nacional, bajo los requisitos de Ley. Es decir que los actuales legisladores dejen sus funciones,  Si se llegara a dar cualquiera de estas opciones, la propuesta de Vera (la quinta que dio en discurso) contempla la renovación total del Gobierno y de la Asamblea, con la  llamada ‘muerte cruzada’. Luego vendría una nueva Asamblea Constituyente para reformar “el proyecto totalitario”

ELECIONES EN COLEGIO DE ECONOMISTAS

El Viernes 12  de Febrero, en las Instalaciones del Colegio de Economistas, ubicados  en Antepara y Vélez, se inicio la jornada electoral desde las 08h00 hasta las 18h00, en las cuales participaron 4 listas de candidatos. La emoción de los simpatizantes se puso de manifiesto, quienes en todo momento trataron de convencer a los votantes, para su candidato preferido.  El Presidente del Tribunal Electoral Economista José Manuel Mora Suarez, informó  que las inscripciones para candidatos se dio hasta el 3 de Febrero a las 6 p.m y se inscribieron cuatro candidatos.   Al iniciarse la jornada electoral se oro para pedir serenidad a los candidatos que perdieran y también orientación y sabiduría para el Elegido. Estuvieron  1133 Economistas aptos para votar,   quienes acudieron bajo su sentido de Responsabilidad. Cuatro mesas estuvieron  aptas para el sufragio; la primera en el primer piso, la misma que estuvo destinada para los jubilados y discapacitados, las  tres mesas restantes en el cuarto piso, local de la Sede. El Requisito previo fue solo la Cedula de Identidad. Las votaciones estuvieron resguardadas por la policía Nacional. Se dieron casos de “Economistas”, que con títulos y credenciales, no se puede comprobar  la idoneidad de las acreditaciones de ser profesionales.  Los resultados de la elección, fueron:  lista ganadora  No. 1 con 186 votos, lista No. 2 con 47 votos,   lista No.3 con 133 votos, lista No. 4 con 95 votos , Lista No.1 Presidente Econ. Carlos Vicente Anchundia Zapatie.

ALFREDO ALVEAR SE DESMARCA DEL CASO EMME

Ww1.elcomercio.com.- El fiscal general (e), Alfredo Alvear, sostuvo  que no conocía el contenido del remitido que se publicó el 19 de enero en EL COMERCIO, tras la muerte de Natalia Emme.  “Yo no firmé porque estaba en el Guayas”, dijo ayer. Para probar su argumento, Alvear mostró una publicación de este Diario, del 10 de febrero, donde se señala que el remitido fue solicitado por la presidenta de la Asociación de Funcionarios de la Fiscalía (Afempe), Blanca del Hierro, y que el remitido solo llegó con su firma. “Son los hechos”, dijo Alvear, antes de resaltar la “responsabilidad” con la que actuó “el decano de la prensa capitalina”.  Sin embargo, Alvear reaccionó 24 días  después de la publicación, en la cual aparecieron su nombre y los de otros 64 funcionarios de la Fiscalía. De hecho,  el 22 de enero, Elsa Moreno, directora nacional de Actuación y Gestión Procesal de la Fiscalía, cuyo nombre apareció en el comunicado, ratificó el contenido del remitido y dijo que hablaba por “los 2 500 empleados”.  La acompañaron fiscales distritales, entre ellos Marco Freire (Pichincha) y Antonio Gagliardo (Guayas), quien dijo “eso (el remitido) fue pagado con fondos de los  funcionarios a través de la Asociación. Todos los meses nos descuentan de nuestro sueldo 15, 20 ó 30 dólares; somos 2 000”. Alvear manifestó que cada funcionario deberá responder por sus declaraciones. “Los sumarios que se abrieron determinarán las responsabilidades”. Solo una hora antes de que el Fiscal General (e) hablara, en la Fiscalía de Pichincha se organizó una rueda de  prensa, de la Afempe. Blanca del Hierro apareció sola en el auditorio y anunció su renuncia “irrevocable” a la presidencia del gremio. “Me someto al escrutinio de los 2 000 socios que conforman la Asociación  a quienes he servido con lealtad, desinterés personal y honradez”. Del Hierro asumió la responsabilidad del contenido del comunicado.  Allí se dice que  Aliz Borja, esposa del fiscal general Washington Pesántez, no manejaba el vehículo del Ministerio Público que segó la vida de Natalia Emme, el 14 de enero. Además, que la joven cruzó “intempestivamente por una zona no permitida al paso peatonal”. Ante la “imposibilidad física de convocar a una asamblea general de socios, luego de las correspondientes consultas verbales y telefónicas, se resolvió la difusión del manifiesto”, justificó ayer Del Hierro. Pero Alvear insistió ”entre lo que ha dicho la Presidenta y lo que consta en el periódico yo doy valor al periódico”. Códigos Penal y de Ética El artículo 254 del Código Penal dice que “el empleado público que dictare reglamentos o disposiciones, excediéndose de sus atribuciones, será reprimido con multa de USD 8 a USD 31”. En el artículo 239 de la misma normativa penal se sostiene que quien “hubiere tomado públicamente un nombre que no le pertenece será reprimido con prisión de ocho días a tres meses y multa de USD 8 a USD 16 o con una estas penas solamente”. El art. 5, literal g, del Código de Ética de la Fiscalía dice que los funcionarios deben “respeto a la autoría de informes y documentos elaborados por otros miembros de la institución o por sus subalternos, absteniéndose de suscribirlos como propios”
 
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