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Cordicom pide a Secom sacar del aire spot

 

larepublica.com.ec 3.agosto.14.- El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación (Cordicom) envió este sábado al Secretario nacional de Comunicación Fernando Alvarado la solicitud que suspenda inmediatamente la transmisión de la pieza audiovisual que afecta los derechos del presentador de Ecuavisa Alfonso Espinosa de los Monteros.El Cordicom hace este pedido luego de que anoche, Ecuavisa anunció que decidió no sacar al aire ningún otro spot de la Secom que afecte los derechos de los periodistas. Los mensajes de la Secom, englobados en el título “La ciudadanía le habla a los medios”, se transmiten desde hace dos semanas.

Según el Cordicom, este día hizo un análisis de los motivos expuestos por Ecuavisa, “así como observar las expresiones de dicho contenido, que hacen alusión al señor Alfonso Espinosa de los Monteros y su condición de persona adulta mayor, en el marco de la Constitución de la República, y los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Ecuador y aquellos que más favorezcan la dignidad humana, solicitamos a usted disponer la suspensión inmediata de la transmisión de la pieza audiovisual anteriormente descrita”.

Estado demanda a Comercializadoras de gas

elcomercio.com 22.abril.14.- Las comercializadoras de gas licuado de petróleo (GLP) o gas doméstico enfrentan una demanda por presunto peculado desde mediados del año pasado. Esta acción legal fue presentada por el director de la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (Arch), José Luis Cortázar, en junio del año pasado, luego de presentarse indicios de la presunta venta de gas subsidiado a precios internacionales. En una entrevista otorgada a este Diario hace dos semanas, el funcionario indicó que las empresas comercializadoras estaban usando el remanente de los tanques de gas doméstico subsidiado para venderlos al sector industrial a precios internacionales. De acuerdo con estudios de la Arch, de cada cilindro de 15 kilogramos de gas doméstico, queda un remanente del 3,7%. Este no puede terminar de consumirse en los hogares por lo que el producto retorna a las envasadoras de gas. Cortázar indicó que de acuerdo con el departamento de auditoría de la Arch, se detectaron fuertes indicios de que este remanente habría sido presuntamente utilizado para su comercialización en el sector industrial a precios internacionales, sin subsidio. De acuerdo con datos reportados por la entidad el año pasado, el costo real de importación del gas de uso doméstico es USD 22,27 para un tanque de 15 kilos, pero su comercialización se realiza a USD 1,60. Es decir que de cada cilindro para uso doméstico, el Estado subsidia USD 20,67. Sin embargo, para el sector industrial el costo del cilindro es igual al del precio internacional. Por ello, la venta de gas subsidiado a precios internacionales habría significado para el Estado un presunto perjuicio de varias "decenas de millones de dólares", dijo Cortázar. El funcionario añadió que se tiene indicios de que esta práctica se dio en las comercializadoras desde el 2002. ¿Por qué no se denunció antes? "Yo respondo desde que asumí el cargo en mayo del 2013", contestó Cortázar. Según el funcionario las evidencias se entregaron a la Fiscalía y esta última pidió un examen especial a la Contraloría para determinar si existió un presunto delito de peculado. Hasta el momento, el caso se encuentra en indagación previa, dijo Cortázar, por lo que no reveló cuáles de las 11 empresas comercializadoras están dentro de la demanda. Señaló que la Contraloría aún no ha dado la lectura del borrador sobre el examen especial pero ha recogido ya información de la Arch. Este Diario buscó la versión de la Asociación de Comercializadoras de Gas (Asogas) sobre el tema, pero no hubo una respuesta. Sin embargo, fuentes cercanas a este sector que pidieron la reserva, indicaron que la Fiscalía aún no ha acusado a ninguna de las empresas. Las fuentes añadieron que según el Acuerdo No. 341 del 17 de mayo del 2002, del Ministerio de Energía, no está prohibida la comercialización de los excedentes de GLP. En el cuarto considerando de este documento, el Ministerio de la época reconoce que "este excedente es distribuido al público por parte de las comercializadoras de GLP, obteniendo ingresos adicionales no previstos, sobre los cuales deben cancelar los tributos correspondientes." Sin embargo, el acuerdo no menciona si se pueden comercializar los excedentes o no. Pero Cortázar insistió en que ello implica un delito penal de peculado desde el 2007. El exdirigente sindical de Petroecuador, Henry Yánez, dijo que llama la atención que el Gobierno se abandere del tema de los excedentes cuando las denuncias al respecto se han conocido desde los años 90. Advirtió que en esa época ya se sabía que las comercializadoras se quedaban con un excedente del cilindro y los sindicatos de Petroecuador pidieron que a las empresas se les pague menos de los 15 kilogramos por cada tanque. Según Yánez, esta reacción "tardía" del Gobierno se debe al peso que tienen los subsidios en el presupuesto. En contexto El Ecuador consume 2 777 toneladas de gas licuado de petróleo al día. De este volumen, el 77,6% es importado mientras que el 22,3% restante es producido en la Refinería de Esmeraldas. Cerca del 93% del costo total del gas es subsidiado para uso doméstico.

Reloj en contra en tema Yasuni

 

eluniverso.com 23.marzo.14.- Siempre el argumento (de la iniciativa Yasuní ITT, que buscaba dejar el crudo bajo tierra) fueron las emisiones de carbono (...). Ese era el principio del Yasuní, no el impacto propiamente en el parque, que sabíamos que era mínimo. Sin embargo, en el entusiasmo por ahí alguno tergiversó el discurso y hablaba de la protección a los pueblos en aislamiento voluntario”.

Son palabras de Rafael Correa, presidente de la República, en el enlace sabatino del 15 de marzo pasado, al cuestionar el proceso de recolección de firmas que realiza el colectivo Yasunidos para viabilizar una consulta popular en la que se decida si se explota o no el bloque petrolero ITT (Ishpingo Tambococha y Tiputini), en la parte más noreste del Parque Nacional Yasuní (PNY), en Orellana.

Esto, pese a que la propaganda gubernamental que se difundió en espacios internacionales incluía la defensa de comunidades huaoranis, la presencia de pueblos no contactados y las condiciones casi intactas de una selva considerada entre las más megadiversas del mundo. También el plan nacional del Buen Vivir 2013-2017 plantea la consolidación de la iniciativa Yasuní ITT con el fin de conservar la biodiversidad y proteger a los pueblos en aislamiento voluntario.

Tras dar por terminada la iniciativa, el Gobierno decide explotar el ITT, que alberga el 20% de las reservas probadas de crudo del país. La Asamblea aprobó el 3 de octubre pasado la declaratoria de interés nacional de la zona a pedido de Correa.

Pero quienes se oponen a esta decisión del Gobierno buscan, vía Constitución, que el pueblo decida en una consulta el destino del ITT. El colectivo Yasunidos, que aglutina a unas 150 organizaciones, fue el primero en plantearla, el 22 de agosto pasado, ante la Corte Constitucional (CC), con una pregunta: “¿Está usted de acuerdo con que el Gobierno ecuatoriano mantenga el crudo del ITT, conocido como bloque 43, indefinidamente bajo el subsuelo?”. El art. 105 de la Carta Magna establece que todo pedido de consulta popular requerirá “dictamen previo de la CC sobre la constitucionalidad de las preguntas propuestas”.

Seguidamente, el colectivo denominado Frente de Defensa Total de la Amazonía (FDTA) planteó el 12 de septiembre una pregunta que si gana el sí, implicaría la erradicación de toda actividad extractiva en el país.

Y un día después llega a la CC la tercera pregunta, la del colectivo Amazonía Vive, integrado por una treintena de alcaldes amazónicos que están a favor de la explotación del ITT, que plantea de forma directa si se aprueba o no el camino trazado por el régimen para la explotación.

La CC debía dar su dictamen sobre la constitucionalidad de estas preguntas, pero el ente resolvió el 25 de septiembre pasado que primero había que reunir las firmas de respaldo.

Con base en esta resolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) modificó el 3 de octubre pasado el reglamento de Consultas Populares e Iniciativas Ciudadanas, que establece que estas firmas deberán ser receptadas en el formato de formulario provisto por el CNE.

Desde entonces, el destino del ITT se juega también en las calles, donde se habla del tema a propósito de la recolección de firmas. El miércoles pasado, Nila Fuentes, de 63 años, llegó a un puesto fijo de Yasunidos en un centro comercial del sur de Quito para colaborar con su firma. Lo mismo hizo Karen Pinoargote, estudiante de Ingeniería Ambiental de 22 años, quien aprovechó el semáforo rojo para bajarse de un vehículo a la altura de la plaza Rocafuerte, en Guayaquil, para dar su apoyo.

La recolección de firmas no ha estado alejada de polémicas. Yasunidos acusa a los otros dos colectivos de haberle plagiado el concepto de un folleto que incluía el formulario de firmas y que circuló con diario El Comercio, el 8 de marzo pasado, a fin de que la gente pudiera llenarlo. Tras esta publicación, los otros dos colectivos emitieron un folleto con logos similares.

Estas publicaciones también generaron reacciones en el CNE. Que los formularios deben ser impresos en papel bond y en tamaño A4. Que las firmas deben estar con tinta azul.

El inserto de Yasunidos se había publicado en un tamaño más pequeño. El titular del CNE, Domingo Paredes, advirtió que si no se cumplen ciertos parámetros técnicos, se “dificultará el escaneo para la verificación de firmas”. “El tipo de papel y tamaño no son los mismos que entregamos”, según dijo.

Sin embargo, el instructivo que el CNE entregó al colectivo Yasunidos no indica el tamaño ni el tipo de hoja en la que se debían imprimir los formularios.

Los activistas de Yasunidos dicen que no validar las firmas por una especificación de ese tipo va en contra del art. 169 de la Constitución, que indica que “no se sacrificará la justicia por la sola omisión de formalidades”.

Natalia Greene, miembro de Yasunidos, considera que “la forma nunca debería invalidar el interés legítimo de la gente por firmar”. El mismo criterio tiene Medardo Oleas, expresidente del extinto Tribunal Electoral, quien asegura que la ley establece que para solicitar la convocatoria a una consulta se deberán presentar firmas de respaldo. “Los derechos ciudadanos no pueden estar supeditados a una máquina de escaneo”, señala.

En tanto, la recolección de las 583.324 firmas (5% del padrón electoral) necesarias, según la ley, para dar paso a la consulta continúa, pero hay quienes prefieren ignorar a los activistas de Yasunidos como José Pilco, de 68 años, quien apoya la explotación del ITT, por lo que el jueves pasado no firmó.

Otros dan su apoyo a Amazonía Vive como Martha (prefirió omitir su apellido), quien firmó el miércoles pasado en el sur de Quito. Ella cree que el ITT debe ser explotado para lograr “un mejor nivel de vida” en el país.

Amazonía Vive también recogía firmas la tarde del miércoles bajo el paso peatonal que lleva a la Terminal Terrestre de Guayaquil, donde colocó un banner con la frase “Yasuní Sí tu firma por el desarrollo”, que en la parte inferior decía Ministerio del Interior. Por allí pasaba Kevin Reyes, de 19 años, y dio su firma al grupo. Luego dijo que no estaba de acuerdo con extraer el petróleo del ITT y que firmó sin saber que esa agrupación busca la extracción del crudo.

Con los procesos de consulta en marcha, el CNE aún no ha definido lo que sucederá si los tres grupos logran recoger las firmas y califican. Nubia Villacís, consejera del CNE, dice que aún no se analiza ese escenario. Aunque agrega: “Hay que tomar en cuenta que los procesos electorales son muy costosos. No es simplemente imprimir papeletas, sino que hay todo un despliegue”.El presidente del Consejo Directivo del Instituto.

 
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